5 ago. 2011

Puerta del Sol: libertades y derechos clausurados hasta nueva orden

LQSomos. José Manuel Hernández*. Agosto de 2011.

12:00 horas. La Delegada del Gobierno del PSOE, Dolores Carrión, decidió cerrar el acceso a la Puerta del Sol de Madrid el pasado día 2 de agosto, durante varias horas cada día, con el fin de impedir que movimiento 15M volviera a acampar en la plaza, una vez derribado el punto de información que mantenía. También suprimió todo el transporte público que circula por Sol. El resultado de tal decisión política es que los ciudadanos no pueden acceder a la Puerta del Sol, salvo que acrediten que viven o trabajan allí o bien están alojados en algún hotel.


Para impedir el acceso a la Puerta del Sol, la Policía ha llenado la plaza con coches policiales y vallas en cada uno de los accesos a la misma (8 en total) y centenares de policías. La foto de la Puerta del Sol llena de policías acampados y actuando de porteros de la plaza, seleccionando a los que entran o no, retrata a la deficitaria democracia española. La razón de la fuerza armada se impone, una vez más a la fuerza de la razón dialógica en demanda de justicia y libertad. Las libertades civiles son víctimas de una decisión consensuada entre el Ministerio del Interior del PSOE y el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid del PP, protegiendo del único síntoma democrático de los últimos años la llegada del jefe del estado vaticano y sus huestes, con un dispendio de gasto público incongruente con la grave situación social y económica que atraviesa el país.

Es sorprendente que la decisión de la Delegada del Gobierno del PSOE no haya observado la preceptiva resolución administrativa motivada explicando las razones de tan drástica y desproporcionada medida. Los viajeros del metro escuchan por los altavoces “ Por orden de la Delegación del Gobierno la parada en la estación de Sol queda suspendida desde las 20 horas hasta nueva orden…”. Ni más ni menos.
A los autodenominados demócratas y defensores de la Constitución les recordamos que “ Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico ( art. 9, 1 de la CE.) Parece que la Delegada del Gobierno no se considera parte del entramado estatal. El mismo art. 9, en su apartado 2, dice “ corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad sea real y efectiva así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social “.

La Delegada del Gobierno más que remover, lo que ha hecho ha sido poner obstáculos para la participación ciudadana. Cierre ilegal y sin motivar jurídicamente del espacio público.

La Delegada del Gobierno vulnera gravemente el principio de legalidad y publicidad de las normas, así como la seguridad jurídica de los ciudadanos, dado que no somete su orden, de establecer un cuartel de la policía en la Puerta del Sol y cerrar el paso a los ciudadanos, a la preceptiva resolución donde motive y razone las causas de tal medida, para que sea conocido por la ciudadanía y se puedan articular las acciones jurídicas que pudieran ser pertinentes. Si se quiebran estos principios esenciales del título preliminar de la Constitución (contenidos en su artículo 9, apartado 3) se está quebrando el estado de derecho que dice defender la Delegada del Gobierno.

Se vulnera también el derecho a la libre circulación de los ciudadanos, de acuerdo con el mandato constitucional del artículo 19, en su párrafo 1, que dispone que: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional “. Salvo que la Delegada haya pensado que, hasta que se vaya el Papa, la Puerta del Sol de Madrid no es territorio nacional, se está vulnerando un derecho considerado como fundamental y de libertades públicas, integrado en el Capítulo II de la CE, sobre Derechos y Libertades.

Esta orden que ejecutan la policía estatal y la municipal, también infringe sus propias competencias reguladas en el artículo 23, apartado 3, de la Ley 6/97 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que es “Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana…bajo la dependencia del Ministerio del Interior “. Elimina derechos de los ciudadanos (la libre circulación) y no garantiza la seguridad de los ciudadanos, pues provoca inseguridad jurídica, desinformación e incumplimientos de las propias leyes.
La foto de la Puerta del Sol vacía de personas pero llena de efectivos policiales que ha dado la vuelta al mundo, retrata al PSOE, a las instituciones bajo su mando y a muchos medios informativos que han decidido echarse en brazos de la derecha y el franquismo redivivo a los que considera un granero de votos al mismo tiempo que también corteja al movimiento 15-M.

Con la decisión de suprimir libertades públicas por la vía de los hechos consumados, se pone en cuestión la laicidad y aconfesionalidad del estado, que sucumbe ante el poder eclesiástico representado por Rouco Varela, máximo exponente del conservadurismo católico y del poder de la jerarquía eclesiástica.

Rouco debe estar feliz con los días que se avecinan. Las autoridades están limpiando las plazas de la ciudad de ciudadanos inconformistas que pueden empañar la imagen que quieren dar de un Madrid religioso y entregado al efecto mágico del jefe de la iglesia católica. A Dios rogando y con el mazo dando La convocatoria de una manifestación laica el día 17 de agosto está amenazada de suspensión. La derecha más aguerrida quiere imponer su prohibición.

Formulamos una pregunta a la Delegada del Gobierno, Sra. Dolores Carrión, “¿Sabe Usted que puede haber incurrido en responsabilidad penal si se determinara que está haciendo utilización injustificada o abusiva de las leyes por haberse producido violación de derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en lo tocante al artículo 55 que determina el procedimiento para la suspensión de los derechos y libertades , que es lo que se ha producido, así parece indicarlo.

* José Manuel Hernández, abogado del CAES.
4 agosto 2011.