15 jun. 2011

Borbón: El final de una dinastía

LQSomos. Sergio Rojas Recuero*. Junio de 2011.

Vivimos en una sociedad lenta. El conjunto de la nación española avanza día a día, pero a un ritmo insuficiente y desacorde con las necesidades de los tiempos que corren. Nuestra población es vieja. La esperanza de vida aumenta al tiempo que disminuye la natalidad, alargando la estancia en la Tierra de individuos cuyas mentalidades se formaron en el ámbito de una dictadura. Cabezas que permanecen desde entonces aturdidas y para las que cualquier intento de renovación sería una pérdida de tiempo. 
La población envejece y con ella sus ideales, sus perspectivas de avance social y el razonamiento lógico en lo que a política se refiere, quedando todo ello estancado cincuenta años atrás y perjudicando al conjunto de la nación y a su progreso.

Mientras la mayor parte de la ciudadanía esté comprendida en edades superiores a los cincuenta años la concepción global de la situación del régimen político será siempre la misma, al estar ésta basada como mencioné anteriormente en principios y formas de interpretación de la vida ya obsoletas.

La regeneración demográfica es la clave del cambio de rumbo en nuestro país. Cuando afirmo que “ha de morir mucha gente en España para que una República deje de sonar utópico” hago alusión a esa renovación. El tiempo irá desplazando la población anciana dejando paso a las nuevas generaciones, las cuales creciendo en el contexto de una Democracia Parlamentaria y en el marco del Estado de Derecho observarán ciertas costumbres políticas que no les resultarán correctas o cuanto menos necesarias. Pues el bebé que nace hoy, es republicano. Al decir esto no me refiero a que un individuo nazca con unos ideales prefijados, cosa que sería ridícula afirmar, sino que al tener cada vez más lejos la transición, su forma de interpretar determinados artículos de la Constitución y de la monarquía en general cambiará radicalmente. La población envejecida de la que venimos hablando en su mayor parte apoya a la monarquía o se muestra indiferente, mientras espero un pequeño reducto respire aún del aire que inundó Madrid en abril de 1931.

Monárquicos y Juancarlistas, así se divide el sector demográfico que apoya la monarquía activa o pasivamente (entendiendo por pasividad la indiferencia). Monárquicos quedan pocos, son aquellos individuos que a la muerte de Francisco Franco deseaban el regreso de Alfonso XIII personificado en su nieto Don Juan Carlos. Aquellos que durante los años transcurridos desde su coronación hasta hoy han apoyado con principios y argumentos coherentes el régimen que rige nuestro Estado. Monárquicos de ideología, no de boquilla.

La mayor parte se encuentran en el segundo grupo, Juancarlistas. Desinteresados de la vida política del país apoyan a la familia real (no a la monarquía, ya que no les interesa lo más mínimo la política) por razones incomprensibles. El perfil del Juancarlista es una señora de más de cincuenta años, ama de casa, con hijas, y una vida personal con la que no se encuentra satisfecha. El resultado es una mujer rodeada de revistas del corazón tratando inútilmente de llenar su vida con pedazos de la de otras personas. La familia real. Una vida de cuento de hadas en el siglo XXI: coches alta gama en lugar de carruajes, palacios restaurados y convertidos a residencias de lujos extremos, y la misma gente alrededor radiante de glamour con ansias de trepar socialmente. El mismo teatro cientos de años después.

Estas mujeres, y de rebote o herencia (según se mire) sus hijas, alimentan el juancarlismo que sustenta a la actual familia real y la protege de críticas, como son tan “campechanos”… Disfrutan leyendo sobre los barcos que adquieren, los viajes que realizan, las reformas que llevan a cabo en sus residencias de millones de euros. Todo eso gracias a los impuestos que se les exigen realizando trabajos mal pagados para sacar adelante a su familia desde su piso de cincuenta metros cuadrados en el extrarradio de Madrid. Mientras, el trabajo más complicado al que se somete el Rey es acudir al entierro de un miembro de la familia real búlgara un sábado por la tarde, ¡vaya tela! ¡un sábado!

Y aún estamos hablando tan solo del Rey, de los monarcas reinantes. Pero, ¿y el resto de la familia?

No sólo mencionamos que un individuo como el Rey se beneficie de elevadas partidas presupuestarias y goce de todos los gastos cotidianos de su vida cubiertos por el resto de españoles sin realizar ninguna labor útil a cambio. El Príncipe “y su Princesa” como diría nuestro amigo Andreu, constituyen otra familia. El futuro Rey y la futura Reina.

Históricamente las uniones de sangre azul han sido siempre endogámicas. Buscando el beneficio del Estado así debiera ser siempre. La unión con un miembro de otra familia real, como ha sido norma por siglos y siglos, garantiza una estabilidad económica y evita a los fondos estatales gastos en lo referente a la manutención de la familia del cónyuge, seguridad, residencias y demás “desembolsos de Estado”. Si quieren mantener su retrógrado régimen deberían atenerse a las consecuencias, ¿no?

No. ¿Para qué? ¡Si a nadie le importa! Viven como reyes del siglo XV en la sociedad del año 2011. El Príncipe Felipe se casa con una periodista de TVE, de padres separados los cuales tienen a su vez dos familias diferentes. Los gastos se multiplican al ritmo que aumentan los componentes de la gran familia real. El abuelo de Doña Leticia viajó por primera vez al extranjero (Nueva York) el verano en el que se publicó el compromiso entre los Príncipes.

Otro caso a parte es el de las Infantas. Cuando en España multitud de familias no pueden permitirse tener hijos por los gastos derivados de los mismos, ellas procrean libremente con la garantía de que sus retoños saldrán adelante sobradamente y vivirán sin problemas el resto de sus vidas, las cuales tendrán solucionadas antes de nacer. Estudiarán en los mejores colegios, donde aprobarán todo, sacarán adelante sus carreras y seguirán adelante con sus vidas de “nietos de” y “sobrinos de”.

Labor representativa del Estado en el exterior. Eso es a lo que la Constitución de 1978, que Juan Carlos I sancionó hábilmente, redujo las funciones de éste.

Una población española aterrada por lo que pudiera deparar el cambio de régimen aceptó una Constitución que, además de garantizar una serie de derechos y de privilegios fundamentales y establecer una base sólida para el funcionamiento del nuevo régimen político, brindaba a designado Jefe de Estado por la “Ley Orgánica de Sucesión” del Caudillo, el carácter vitalicio y hereditario de su cargo así como unas partidas presupuestarias que asegurarían su permanencia en la más absoluta opulencia por siempre. Un Rey que renuncia a cualquier poder sobre el gobierno de su país, que acepta desaparecer por completo de la vida política y limitarse a vivir y gastarse el dinero de los contribuyentes, cuya labor podría ejercer un simple ministro de exteriores, ¿merece la pena? ¿Ejerce realmente una función necesaria? ¿Garantiza un señor que no “pinta” nada en el engranaje de regulación interna de una nación, la unión e indivisibilidad de ésta?

“Tiene atribuciones”, dicen algunos, sí, todas “simbólicas” y sometidas a la aprobación de las Cortes Generales, máximo exponente de la Soberanía Nacional.

Desconozco si es hipocresía o ignorancia, y no sé qué prefiero que sea. Cuando el Rey se erigió como Jefe del Estado, el hecho de que aprovechara la coyuntura para firmar su jubilación eterna y hereditaria era un mal menor para lo que el cambio político significaba. La nueva Democracia se quitaba un estorbo de en medio a cambio de dinero. Teniendo en cuenta que media población era fascista, y la otra media quería olvidar de inmediato los fantasmas de la dictadura, enviar al Rey a “dar una vuelta” y asumir la totalidad del poder político por el pueblo, era una solución inviable para ambas partes. Existía la creencia errónea de que la Democracia dependía de Juan Carlos I, cuando dependía única y exclusivamente de los ciudadanos, ya que, muerto el perro se acabó la rabia, y Franco desaparecía para siempre. El heredero del generalísimo era una pieza inútil.

Al mismo tiempo las fuerzas parlamentarias se aseguraban de que un personaje que jamás había hecho nada por el país, que aparecía de repente y cuya función debía ser severamente acotada atendiendo a su inutilidad completa en el ámbito político, quedara marginado y relegado al arcaísmo simbólico que hoy representa.

El 23-F es recordado por muchos como una hazaña heroica de Juan Carlos I. Según sus defensores gracias a su rápida actuación logró detener los tanques que se desplegaron para reventar la democracia. Cuya iniciativa logró que Tejero y sus camaradas depusieran las armas y fracasara así la intentona golpista. El rey paró el proceso iniciado hacia la dictadura militar supuestamente con su intervención rápida y eficaz.

Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay que agradecer? El rey hizo lo que debía, simple y llanamente. Lo que debía a nivel constitucional y moral ya que la acción militar suponía un asalto al sistema parlamentario, a la Constitución y a la soberanía nacional. Su abuelo derrumbó su reinado por apoyar a un dictador y no había opción de repetir la misma historia.

Pero el rey era consciente de que del fracaso de la toma del Congreso dependía su corona. Un ejército que aún le recordaba como un traidor desde el proceso de la transición no iba a contar con él como parte de una dictadura militar. Si el golpe triunfaba, la familia real sería apartada para siempre, quizá enviada al exilio o en el peor de los casos encarcelada. Era imprescindible parar la maquinaria.

Algunos periodistas apuntaron al monarca como el “elefante blanco” que jamás salió a la luz. Esa persona que actuó como cerebro y máximo responsable del golpe de Estado. Por los motivos que apunté con anterioridad esta teoría se me antoja insostenible. A mi juicio es el Teniente General Valenzuela ostenta ese “título histórico” dado su cargo de Jefe del Cuarto Militar del Rey y su estrecha vinculación con la Casa Real. La sospecha que planeaba sobre este militar fue quizá la que impulsó a ETA a atentar contra él en mayo del mismo año. La realidad es que a día de hoy es un misterio sin resolver.

El nacimiento de Leonor avecina un cambio en la Constitución de 1978. La contrariedad que suponía que en el mismo texto constitucional se aludiera a la igualdad entre sexos al tiempo que se discriminaba a la mujer en la sucesión a la corona, pretende así ser limada. El ansia de agradar a la opinión pública, o a la opinión juancarlista para ser exactos, hace ahora imprescindible operar nuestra particular carta magna.

El proceso de reforma consistirá en la disolución de las Cortes Generales, convocatoria de elecciones, aprobación por dos tercios de la cámara y como paso final, someterlo a referéndum popular. Esta consulta a la ciudadanía siembra el temor entre los monárquicos y los simpatizantes de la realeza, ya que se convertirá irremediablemente en un “si o no a la monarquía”. A la izquierda y la derecha de este país le es igual que reine una mujer o un hombre, y al sector republicano le es indiferente dado que lo que no desea es una monarquía en términos generales, esté ésta personificada en un hombre o una mujer. Por eso y pese al hincapié que se hará en que el referéndum se limite a una cuestión de igualdades, su carácter reivindicativo está asegurado.

Pongo fin a este artículo con el deseo de que la monarquía, símbolo de la derecha radical, y ligada tan estrechamente a una Iglesia retrógrada e intolerante como es la nuestra, llegue a su fin en un plazo relativamente corto. Que la “III República” traiga consigo la explosión final de las libertades por las que hoy luchamos.

Termino con una cita de Manuel Azaña: “Todas las iglesias de Madrid, no valen la vida de un republicano”.

Nota: Este artículo lo escribí en el año 2005 firmado bajo el pseudónimo de Roberto Azaña.