LQSomos. Giorgio Trucchi. Septiembre de 2011.
Fuerzas sociales deben articularse y fortalecerse ante criminalización de la protesta.
La onda de choque en la escena política internacional, generada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, golpeó de lleno a Centroamérica. Y ha dejado sentir sus efectos durante los últimos diez años. De acuerdo con analistas e investigadores consultados por Opera Mundi, este acontecimiento influyó en la agenda política, económica y social de la región que, históricamente y en un sentido peyorativo, siempre ha sido conocido como el "patio trasero" de Estados Unidos.
Si bien la respuesta militar estadounidense volvió su mirada hacia el Oriente Medio, Centroamérica no escapó a los efectos de la crisis. Ante la disyuntiva impuesta a las naciones del mundo por el presidente George W. Bush inmediatamente después del ataque - «Están con nosotros o están con los terroristas» - los presidentes de las naciones centroamericanas no demoraron en reunirse y condenar los atentados.
Más tarde, dieron total respaldo a todas las acciones militares norteamericanas.
Pocos días después del atentado, los gobiernos centroamericanos de seis países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belize) divulgaron la declaración “Centroamérica unida contra el terrorismo”[1]. Más que una carta de buenas intenciones, los líderes de la región firmaron acuerdos de seguridad, acordando acciones de cooperación en materia de lucha al terrorismo, seguridad y migración. También adhirieron a la "Coalición de la Voluntad", articulada por Washington para justificar la invasión de Iraq en 2003. En ese año, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana enviaron tropas al Golfo Pérsico.
Terrorismo y narcotráfico
Esta renovada relación entre Estados Unidos y América Central se fue consolidando en los años siguientes al 11-S, con una escalada de la presencia militar estadounidense en la región. Se trató de una ofensiva basada en dos ejes: la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Aparentemente, un tercer elemento, quizás el más importante, se mantuvo oculto: el económico.
“El 11 de septiembre no desencadenó nada que no estuviese previsto (en la región) y fue un pretexto para impulsar algo que ya se venía planeando. El apoyo servil brindado por los gobiernos centroamericanos permitió que ese plan de militarización, control económico y saqueo de recursos fuese llevado a cabo con mayor impunidad y legalidad”, dijo a Opera Mundi, Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
En aquella época, Estados Unidos se enfrentaba a grandes dificultades para implementar su estrategia de crear un mercado único panamericano, el Alca (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas). Por esta razón, comenzó a promover TLCs (Tratados de Libre Comercio) regionales. “La búsqueda de un tratado comercial con América Central y República Dominicana (o CAFTA-DR) y la consolidación de sus empresas transnacionales definieron los intereses estratégicos militares y económicos de Estados Unidos en la región”, afirmó Cáceres.
Para la dirigente indígena, los años posteriores a los atentados de Nueva York y Washington sirvieron para que Estados Unidos “penetrasen países y gobiernos, aplicando la ‘Doctrina del Choque’[2], para reafirmar su política de dominación económica e militar, a través de la aprobación de marcos jurídicos que beneficiasen a sus compañías transnacionales”.
El sociólogo guatemalteco Gustavo Porras Castejón profundizó el concepto, declarando a Opera Mundi que Estados Unidos vio en la guerra al narcotráfico un verdadero negocio. “La guerra al narcotráfico se convirtió en el sueño del militarismo estadounidense: una guerra sin fin, fuera de su territorio y, ahora, por primera vez, sin sus soldados. Un negocio que hace funcionar su industria armamentista y que permite incrementar el presupuesto de sus agencias”.
Para Porras, el 11 de septiembre se convirtió en un nuevo Pearl Harbour, es decir “un pretexto para poner en práctica lo que ya había planeado. Un acto terrorista que favoreció al agredido de una manera espectacular y que permitió la búsqueda de una salida a una crisis que se aproximaba”.
Militarización
Según datos del Pentágono, en 2008 Estados Unidos tenía 865 instalaciones militares en más de 40 países, con un despliegue de más de 190 mil soldados en más de 46 países y territorios.
“En Honduras tenemos la base de Palmerola/Soto Cano, la más grande de la región. Fueron instaladas dos bases más en Caratasca y en la Isla de Guanaja. Hay patrullajes y maniobras militares conjuntas en toda la región Este del país y no podemos olvidar la reactivación de la Cuarta Flota, el impulso a la Iniciativa Mérida (tratado de Seguridad que involucra a EE.UU., México y América Central)[3] y la intensificación de los ejercicios militares (Nuevos Horizontes y Panamax)”, explicó Cáceres.
Tras cumplir 58 años de su disolución (1950), la Cuarta Flota de la Armada de EE.UU. volvió a operar en 2008. Ubicada bajo la jefatura del Comando Sur y conformada por 21 navíos y seis escuadrones de helicópteros, la Flota tendrá como territorio de intervención la superficie de América del Sur, América Central y el Caribe.
Durante el 2009, realizó maniobras militares conjuntas, que fueron consideradas una verdadera “Cumbre militar de América”, con la participación de diez países de la región con más de 30 buques de superficie, dos submarinos, cerca de 50 aeronaves y más de 10 mil hombres.
Varios analistas consideran que su reactivación tiene como objetivo el control de los procesos de integración política latinoamericanos, como el Sica (Sistema de Integración Centroamericano), la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), además de la criminalización de los movimientos de emancipación económica, social y política que se han multiplicado por toda América Latina.
Para Porras, la Cuarta Flota sería también una respuesta a la decisión tomada por la Unasur en 2008 de conformar el CDS (Consejo de Defensa Sudamericano), “con el objetivo de tomar distancia de la estrategia de seguridad del Pentágono y establecer los intereses propios de seguridad de los países de la región”.
Criminalización de la protesta
Es una coyuntura que indica una profundización de la agresividad norteamericana. “Los Estados Unidos necesitan tener más control militar sobre nuestra región. Su debilitamiento económico y político los va a obligar a intensificar la acción militar y a volver a mirar con mayor intensidad a nuestro continente. Hasta podríamos sufrir una Doctrina Monroe del siglo 21”, dijo a Opera Mundi el analista político nicaragüense, Julio López Campos.
Ante esta situación, varios movimientos ya se están movilizando para reaccionar ante lo que consideran un nuevo plan de dominación. “Después del 11 de Septiembre y el golpe de Estado en Honduras, las fuerzas derechistas de la región se han reacomodado. Debemos articular y fortalecer las diferentes fuerzas sociales, manteniendo nuestra dinámica de lucha, nuestra autonomía, sin perder la perspectivas y los objetivos que nos hemos planteado, pero con la audacia de coordinar acciones con los gobiernos progresistas de la región”, concluyó Cáceres.
Notas:
* Fuente original en portugués: Opera Mundi
[1] http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5021791421748127298#_ftn1
[2] Naomi Klein 2007 “The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism”
[3] http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/2300--entrevista-con-laura-carlsen-sobre-el-papel-de-obama-en-la-militarizacie-mco
