LQSomos. Marcos Roitman Rosenmann*. Septiembre de 2011.
En España asistimos a una bochornosa situación, el recorte en los presupuestos generales del Estado destinados a sanidad. El problema se llama externalización, eufemismo para negar que asistimos a una privatización de recursos fiscales. Financiamiento público para lucro privado. Ese es el misterio. Hacerlo posible supuso crear una ley ex profeso, conocida como ley 15/1997, aprobada por el PSOE y el PP, y la complicidad de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Dicha ley autoriza la gestión y administración de la salud a cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho; ese es el quid de la cuestión, facilitar la provisión de servicios sanitarios a cualquier empresa privada.
Cabría esperar vergüenza torera cuando el objetivo apunta a desmantelar la sanidad pública. Pero se regodean, siendo habitual escuchar a los dirigentes de los grandes partidos políticos declarar con la boca chica que la sanidad pública no está en peligro, mientras a espaldas de la ciudadanía abren las puertas a entidades financieras y empresas constructoras, que espantadas de la crisis prefieren invertir sobre seguro en el área de la salud.
Varias son las formas utilizadas para legitimar el desembarco de los especuladores en sanidad. La primera, una tríada, señalar el colapso, la ineficacia y la insostenibilidad del actual modelo de salud pública, obliga a una reforma en profundidad si se quiere gozar de un sistema eficiente y seguro. Una vez introducido el tridente argumentativo, se habla del despilfarro y el gasto compulsivo fruto de una mala gestión. Lo mejor es racionalizar los recursos. palabra mágica. Lo dicho justifica cerrar los centros menos rentables y vender las instalaciones para recaudar fondos y aminorar el déficit público. Edificios, centros de salud, laboratorios, incluso hospitales son rematados o alquilados. Sólo en Cataluña se han clausurado las urgencias nocturnas en más 40 centros de asistencia primaria, todos ellos en barrios populares.
Se despiden médicos, enfermeras y personal auxiliar o bien no se convocan nuevas plazas. Muchos galenos y enfermeras emigran. Alemania, Gran Bretaña y Suecia son destinos preferentes. El deterioro provocado de la Sanidad Pública se explica por la anteriormente citada ley 15/1997, que incorpora el concepto beneficios privados en la gestión y administración de la salud. La ecuación ya no tiene secretos. La incógnita se despeja fácilmente. Una sociedad enferma es rentable para los empresarios.
Un informe elaborado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) descubre qué empresas invierten en salud, y no son otras que Dragados-ACS, SACYR, Accciona, Begar-Plader, FCC-Madrid, Hispania y Apax-Partners. Antes de la crisis lo hacían en instalaciones deportivas, carreteras, torres de apartamentos, complejos turísticos, campos de golf; hoy sus ganancias provienen de la gestión y explotación de la sanidad pública. El negocio es redondo. Las cifras cantan. En Majadahonda, un pueblo de Madrid, el coste de construcción más equipamiento de un hospital con capacidad para 615 camas suma la cantidad de 221 millones de euros. La Comunidad de Madrid pagará durante 30 años a sus constructores, Dragados, un alquiler anual de 45 millones. Finalizado el periodo, Dragados se habrá embolsado la suma de mil 350 millones de euros, sin contar los beneficios por explotación de servicios complementarios, cafetería, aparcamiento, lavandería y otros. En siete años, los inversores recuperan costes y los otros 27 representan beneficios brutos. Pero nadie repara en la corrupción. El costo económico del proyecto ha superado en cuatro veces el valor real de haber sido construido por la comunidad. Y lo más grave, su puesta en funcionamiento, coincide con el cierre de otros servicios y camas en hospitales públicos aledaños, con lo cual no hay una mejora de atención para la ciudadanía y los pacientes.
* Publicado en el diario “La Jornada”
Ilustración de “El Roto”
