LQSomos. Julio Fernández González & Julio Ortega Fraile. Agosto de 2011
El poder demostrado por determinados sectores puede llegar hasta tal punto que de la presión que ejerzan se deriven resultados tan aberrantes como la promulgación de órdenes que contradigan reglamentos de rango superior. Esta afirmación se merece que le pongamos nombres.
Vamos allá: el grupo con tan sospechosa – y “presunta”, cabe añadir, para no ser como ellos - influencia al que nos estamos refiriendo es el de los cazadores, con la Federación Gallega de Caza a la cabeza. La legislación en contradicción con la existente es la Orden de Vedas para Galicia, con unas disposiciones que ya se redactaron en la del pasado año y que se repiten este. Y la que se ve incomprensiblemente vulnerada por una normativa de inferior categoría es el Reglamento de Caza. Los hechos son los siguientes, después, que cada cual extraiga sus conclusiones:Se autoriza la caza por daños en zonas de adiestramiento de perros y vedadas, lugares en los que el Reglamento prohíbe sin excepción la actividad cinegética. Primera incoherencia por la que la Consellería de Medio Rural de A Xunta de Galicia estaría obligada a dar explicaciones coherentes y ajustadas a la legalidad.
También se permite la caza de zorros en cualquier periodo del año si se justifica por los destrozos que estos causan. Pero lo sangrante de la cuestión es que reconociendo la propia Consellería no disponer de reclamaciones por daños originados por raposos (y no se pueden considerar como tales las presentadas por los propios cazadores al ser parte interesada en que se consienta su batida continuada), apunta cuando menos visos de hipotética irregularidad que un Organismo del Gobierno Autonómico dé su visto bueno a estas matanzas indiscriminadas sin razón aparente que las respalde. Y que encima no exija un informe previo elaborado por alguna entidad imparcial. Es el: “Ustedes maten primero y después ya veremos por qué les hemos dejado hacerlo”.
Esa es la segunda perversión que exige aclaraciones por parte de la Consellería. Y más cuando no sólo son grupos ecologistas o animalistas quienes rechazan medidas tan letales y carentes de fundamento, sino también parte de los propios cazadores, en desacuerdo con que se faculte a los que sí aplauden esta locura, los escopeteros, para matar animales en época de cría o en periodos con alto riesgo de incendio como es el verano, pues no olvidemos que muchos de ellos aguardan a sus presas con el rifle en una mano y con el cigarro en la otra.
Parece que la Federación Gallega de Caza, presuntamente – repetimos - principal impulsora de esta demencia, goza de tal ascendencia sobre las autoridades que consigue que se promulguen leyes que atentan contra sí mismas y contra la cordura y la ética. Pero de una sociedad que anualmente organiza esa carnicería llamada “Campeonatos de caza de raposo”, no se puede esperar otra cosa que insensatez y egoísmo para seguir lucrándose de un negocio basado en el exterminio de seres vivos. No, no pedimos mesura ni sensibilidad a quien nunca ha demostrado tenerlas. No somos tan ingenuos. Pero sí que se la exigimos a la Consellería de Medio Rural, cuya obligación es velar por la seguridad, impedir matanzas indiscriminadas e injustificadas y preservar la riqueza natural de nuestro entorno.
Y todo eso no se consigue concediendo un papel de convidado de piedra al representante ecologista y animalista en el Comité Gallego de Caza, ni ignorando el derecho a participar en la redacción de la Ley de Caza a quienes defienden esos intereses. Tampoco creyéndose estudios que sin el menor rigor y cargados de incongruencias y falsedades fácilmente demostrables, indican densidades de población que en modo alguno se corresponden con la realidad. Se logra entendiendo que nuestros montes no pueden estar ahí para convertirse en una suerte de pim pam pum de feria en el que los animales se hieren, se mutilan y se matan cada vez con mayor libertad, porque los clientes encuentran divertido el pasatiempo y el empresario tiene los ojos más pendientes de los réditos que del sufrimiento y de los daños que se originan. Sin olvidar – y esta última observación encierra una realidad dramática – que una mayor permisividad está conduciendo a cada vez más “accidentes” de caza con víctimas humanas.
La facultad de los cazadores para ejercer su pasatiempo no puede pisotear la ya tan mermada protección de los animales ni la integridad de la personas, y tampoco aumentar el de por sí alto riesgo de que nuestros montes queden arrasados por el fuego. El derecho a matar - ¡qué expresión tan aberrante!- jamás debería de estar por encima de otros como son el vivir y el poder pasear con tranquilidad disfrutando de una naturaleza cada vez más devastada.
Julio Fernández González, Portavoz de Matar por Matar NON
Julio Ortega Fraile, Delegado de LIBERA! en Pontevedra
