LQSomos. Redacción. Junio de 2011.
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), “es una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas” ha presentado, por séptimo año consecutivo, su informe sobre la situación de la tortura en ese Estado.
En él se recogen 251 situaciones de agresiones y/o malos tratos por parte de los agentes del Estado español contra 540 personas: 21 casos con 57 denunciantes entre personas sometidas a detención en régimen de incomunicación; 41 casos con 200 denunciantes entre personas que participaban en movilizaciones sociales; 60 casos con 120 denunciantes entre personas migrantes, tanto en centros de internamiento como en la vía pública; 78 casos con 85 denunciantes entre personas presas; 8 casos y doce denunciantes menores de edad, y 54 casos y 77 denunciantes en otras situaciones. Así como 52 casos de personas muertas mientras se hallaban bajo custodia: 52 en las cárceles, 1 niño preso y 6 personas más en manos de los diferentes cuerpos de policía.
No obstante el representante de la coordinadora Carlos Hernández ha advertido de que los números reales de casos de maltrato policial son "mucho mayores" pues ha asegurado que tienen constancia de que, en muchos casos, los inmigrantes, los 'sin techo' y los menores de edad que sufren agresiones por parte de las fuerzas del hombre se suelen negar a presentar denuncias.
Así, entre las principales situaciones sobre las que advierten mayor agresividad policial han citado las detenciones en régimen de incomunicación, movilizaciones sociales, inmigrantes, población reclusa, menores y otras situaciones como controles de tráfico y fiestas locales.
La CPDT aglutina a más de 40 colectivos de defensa de los derechos humanos en todo el territorio del estado español con la finalidad principal de avanzar en el terreno de la prevención de la tortura, en particular por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales en este ámbito.
