LQSomos. Colectivo por la Paz con Justicia Social. Septiembre de 2011.
¿Cuanto dolor, lágrimas, despojo, desaparecidos, presos políticos y torturas más hacen falta para que el mundo cese la complacencia cómplice con el régimen colombiano?
Las cifras de asesinados, torturados, encarcelados y desaparecidos, así como las leyes de impunidad para la herramienta paramilitar, el entreguismo a multinacionales y el despojo continuo, demuestran claramente la catadura genocida del gobierno.
A más de 1 año de posesión del presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos, hacemos una breve reseña de la dramática situación de derechos humanos en Colombia bajo su gobierno. Las violaciones a los derechos humanos continúan incrementándose y sigue la agresión sistemática desde las herramientas legales (fuerza pública) e ilegales (herramienta paramilitar) del estado y multinacionales contra la población.
Desde el 7 de agosto 2010 han sido asesinados impunemente 36 defensores/as de los derechos humanos, 18 dirigentes agrarios que exigían la restitución de las tierras usurpadas con violencia a los campesinos y 28 sindicalistas (1), miles más han sido amenazados de muerte. Asimismo han sido asesinados o desaparecidos decenas de opositores políticos, sean estos afiliados a partidos de izquierda o parte de organizaciones comunitarias, de reivindicación social, viviendista, estudiantil, etc.…
Tanto el Partido Comunista como el Polo Democrático sufren asesinatos de sus militantes: el PDA denunció que en los primeros 90 días del gobierno de Santos fueron asesinados 50 opositores políticos, y continúa el exterminio (2).
Doce compañías teatrales de Bogotá han sido amenazadas de muerte si no cesan el teatro social: las amenazas provienen de la herramienta paramilitar que expresa que procederá a “acabarlos uno por uno” porque según esta herramienta del terror estatal que opera desde la sombra de la ilegalidad con total anuencia de la fuerza pública, los teatreros y artistas “se las quieren dar de defensores de derechos humanos y se oponen a las políticas de nuestro gobierno” (3).
La persecución al estudiantado crece, y tras las gigantescas manifestaciones del estudiantado contra la privatización, las universidades del país han amanecido tapizadas de amenazas de muerte contra los estudiantes, en las que la herramienta paramilitar expresa que asesinará a los estudiantes (4): “lista en mano, uno por uno”. Estas amenazas han sido pintadas y producidas en las narices de rectorías y autoridades: la represión contra el estudiantado ya ha quitado la vida a varios estudiantes desde la posesión presidencial de Santos.
Crece el drama del desplazamiento forzado de personas, y están en altísimo riesgo de ser desplazadas las comunidades que viven en zonas codiciadas por las multinacionales, como la comunidad de Marmato, cuyo párroco fue asesinado el primero de septiembre 2011 porque lideraba la oposición a la multinacional aurífera Medoro. La comunidad es presionada por la multinacional desde el año 2009. La multinacional canadiense Medoro Resources, fusionada con la Gran Colombia Gold, ha venido impulsando un megaproyecto de explotación del oro a cielo abierto, lo que implica desaparecer el pueblo de Marmato y desplazar a toda su población. El cura de Marmato había denunciado pocos días antes de ser asesinado que recibía presiones de la multinacional para que desplazara su parroquia: “Había denunciado, pocos días antes de ser asesinado, que su lucha para evitar que en su parroquia se desarrollara un megaproyecto de extracción de oro, podría costarle la vida” (5)
Crece la desaparición forzada de personas. Continúa la práctica de los asesinatos de civiles a manos de militares en los mal llamados “falsos positivos”, con al menos 29 nuevos casos documentados en el último año. Aumentan los encarcelamientos de opositores y defensores de DDHH que sufren montajes judiciales por parte del estado. Es dramática la situación en las cárceles donde literalmente se pudren miles de prisioneros políticos, que sufren condiciones aberrantes de reclusión y torturas reiteradas, como lo denuncia la OMCT. Desde el inicio del 2011 han fallecido por torturas y denegación de asistencia médica 7 presos políticos (6).
El informe de agosto 2011 de la Coalición Contra la Tortura expresa que la tortura se extiende a toda la población colombiana y que el Estado es responsable del 91% de los hechos de tortura; siendo la tortura de la violencia sexual una práctica en dramático incremento incluso contra niñas y niños: “En los 107 casos en que se pudo establecer el autor del crimen de violencia sexual se encontró que los agentes del Estado son responsables del 98,14% de estos.”(7).
Hay más de 7.500 presos políticos en las cárceles colombianas lo que hace del régimen colombiano un 'record' en presos políticos: el 90% de los presos políticos son civiles. Algunos informes recientes señalan que la cifra de 7.500 presos políticos estaría subvalorada, pese a ser ya en sí escandalosa, pues debido al aumento de los encarcelamientos arbitrarios de estos últimos años las cifras rondarían los 9.500 presos políticos, totalmente invisibilizados.
El drama de los derechos humanos se acentúa con la perpetuación de la estrategia paramilitar del estado y multinacionales: se trata de los grupos narco-paramilitares cuya existencia es negada ante las cámaras por el gobierno recurriendo a la coartada de cambiarles el nombre por el de “bandas criminales emergentes” (BACRIM), mientras siguen su accionar criminal en contubernio con la fuerza pública en todo el país, y gozan de nuevas leyes de impunidad recién promulgadas por el gobierno Santos.
Algunas cifras del terrorismo de estado en Colombia:
- El estado colombiano tiene el ejército más armado del mundo por EEUU, junto con Israel y Egipto: un ejército genocida, ese mismo ejército que detrás del batallón de la Fuerza Omega del Plan Colombia, tiene la mayor fosa común del continente: con 2000 (2mil) cadáveres de desaparecidos. (8)
- El ejército colombiano practica el asesinato de civiles para justificar sus gigantescos presupuestos: los militares colombianos asesinan a civiles y luego presentan sus cadáveres como "guerrilleros abatidos en combate" en macabros montajes militar-mediáticos. Suelen elegir sus víctimas entre la población rural o la población más empobrecida de los barrios periféricos, aunque también practican estos asesinatos mal llamados "falsos positivos" contra sindicalistas y opositores. Hay al menos 3.200 casos documentados de estos asesinatos de civiles; la impunidad alcanza el 99% de los autores materiales y el 100% de los autores intelectuales de esta práctica (9).
- En Colombia son asesinados el 60% de todos los sindicalistas asesinados en el mundo, por la fuerza pública o la herramienta paramilitar de multinacionales y estado. (Ver 1)
- Colombia es 'record' en presos políticos: más de 7.500 hombres y mujeres, en su inmensa mayoría civiles enjaulados bajo burdos montajes judiciales. (10)
- El crimen de estado de la desaparición forzada es otro 'record' horrendo, la "democracia" colombiana supera las cifras de tortura y desaparición forzada de las dictaduras del Cono Sur: la ONU reconoce al menos 57.200 desaparecidos, la Comisión de Búsqueda cifró en 62.000 los desparecidos (agosto 2011), las víctimas reclaman unas 250.000 personas desaparecidas: en sólo 3 años las herramientas represivas del estado colombiano desaparecieron a 38.255 personas (informe Medicina Legal). (11)
- Colombia es el país con más desplazados del mundo, junto con Sudán: 5,2 millones de personas desplazas forzadamente (12) por la herramienta paramilitar y sus masacres, con la finalidad de ofertar las tierras así despojadas al gran latifundio y las multinacionales: el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión por multinacionales mineras. (13)
- Mientras se incrementa el exterminio contra la oposición y contra el pensamiento crítico, la impunidad para las herramientas represivas y genocidas rebasa lo imaginable: recientemente el gobierno de Juan Manuel Santos votó una ley que indulta a más de 31.000 paramilitares (Ley 1424) (14).
Notas:
(10) Presos políticos.
(12) Desplazamiento forzado CODHES cifra los millones de personas desplazadas en 5,2, en el informe de noviembre 2010.
