LQSomos. Eric Nepomuceno*. Agosto de 2011.
El gobierno chileno acaba de divulgar una nueva cifra oficial de los muertos y desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, que duró desde 1973 a 1990: 3065. Con ese total de víctimas – entre presos, secuestrados, torturados, ejecutados y desaparecidos – llegan a la exactitud de 40018. El anuncio coincide con un periodo de profundas turbulencias enfrentadas por el primer presidente de derechas electos desde el fin de la dictadura.
Como si fuese necesario actualizar la contabilidad del horror, el gobierno chileno acaba de divulgar una nueva cifra oficial de los muertos y desaparecidos – un neologismo creado en América del Sur para referirse a los asesinados por el terrorismo de Estado cuyos cadáveres desaparecieron para siempre - durante la dictadura del general Augusto Pinochet, que duró desde 1973 a 1990: 3065. Con ese total de víctimas – entre presos, secuestrados, torturados, ejecutados y desaparecidos – llegan a la exactitud de 40018. No son contabilizados los exilados ni los familiares de las víctimas.
El número aparece en el relato de 60 páginas entregadas al presidente Sebastián Piñera el pasado jueves 18 de agosto, por una comisión integrada por abogados e especialistas en derechos humanos que trabajaron durante un Año y medio con extenso rigor. Tan extenso, que asociaciones de víctimas y familiares protestaron de manera contundente: dicen ser imposible que de un total de 32 mil nuevas denuncias, apenas 9800 tengan sido consideradas válidas.
El primer levantamiento sobre víctimas de la dictadura chilena empezó a ser preparada en 1991, cuando fue creada la primera Comisión de la Verdad y Reconciliación. El llamado “Relatorio Rettig” se limitó a contabilizar ejecuciones y desaparecidos, y llegó a 2279 personas. En 2003 fue creada la Comisión Valech, que lleva el nombre del valeroso obispo católico que movió cielos y tierra para llegar a la verdad sobre el horror de los tiempos de Pinochet.
El objetivo de la comisión era ampliar el examen del horror. En una primera información se llegó a 28459 casos de prisiones ilegales, torturas, ejecuciones y desaparecidos. El religioso murió durante el trabajo de grupo, que pidió más plazos para llegar a un segundo informe – ese, cuyos resultados fueron ahora divulgados de manera discretísima por el gobierno.
El tema es peligroso porque aún prevalece entre los militares chilenos una incomodidad y mal estar provocado por esa penetración en el pasado sombrío del país. También porque el anuncio coincide con un periodo de profundas turbulencias enfrentadas por el primer presidente de derechas electo desde el fin de la dictadura. Las protestas de los estudiantes que se repiten hace casi cuatro meses desgastaron de manera cruel la imagen de Piñera. No hay solución a la vista, y crece a cada semana el apoyo amplio de sectores de la población, las reivindicaciones de los jóvenes, que ahora marchan acompañados por profesores, funcionarios públicos, amas de casa, profesionales liberales y trabajadores.
Exigen educación pública gratuita (en Chile las universidades públicas pasaron a cobrar mensualidades en la dictadura, y nadie ha conseguido desvincular ese proceso; además de eso, las universidades privadas, prohibidas de tener lucros, ganan millones gracias a la subvención que recibe del Estado), y Piñera no ha tenido mejor idea que responder a ellos diciendo “eso todo el mundo lo quiere, pero nada es gratis en esta vida”.
Todo eso ocurre en el momento en que se pone cada vez más claro que el tan decantado modelo chileno, que debería ser modelo para toda la América Latina – escogido por los grandes organismos financieros internacionales, por la derecha en general y por los defensores del neoliberalismo en particular – revela su verdadera cara.
Que Chile vive un auge económico, nadie lo duda. Pero los que se benefician de él están lejos de ser una mayoría amplia de la población. Todo lo contrario: las desigualdades sociales son más altas que la cordillera de los andes, más evidentes que las montañas nevadas y más amplias que las grandes alamedas de Santiago.
De todas las riquezas producidas en Chile, 55% quedan en manos del 20% de los más ricos de la población. Entre 2006 y 2009, la renta de los trabajadores creció 1%. La de los más ricos, 9%. En 2006, 13,7% de la población vivía en la pobreza. Tres años después, los pobres pasaron a ser 15,1%, justamente en el periodo en que la economía más creció. La estabilidad política hace de Chile el paraíso y la alegría de los inversores extranjeros. Durante años el país fue considerado el más perfecto modelo de las bondades del neoliberalismo.
Nadie parecía notar los casos de jóvenes que terminaban la facultad pública y después se llevan diez años pagando el financiamiento que recibieron para estudiar. Nadie notó el aumento de la pobreza, los abismos sociales abriéndose cada vez más.
Es contra eso que los chilenos protestan. También contra los engordes y efectos ópticos de un modelo que empezó a ser descascarado.
Por detrás del bendecido milagro existe una verdad: la de un desmantelamiento social perverso y persistente, que ahora explotó y llega a las calles y alamedas de Santiago.
* Traducido para LQSomos por Zerimar Ilosit de Carta Maior
